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W. George Lovell*
El 29 de diciembre de 2021 marcó el 25 aniversario de la firma de un acuerdo de paz que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, puso fin formalmente a treinta y seis años de conflicto armado en Guatemala. Al momento de la firma del acuerdo, Guatemala tenía el conflicto interno más prolongado de América Latina, durante el cual ocurrieron actos de genocidio. Un cuarto de siglo de paz que se suponía firme y duradero es ahora todo lo contrario. Si la paz prevalece en Guatemala, es una paz parecida a la guerra.
La antropóloga Victoria Sanford resume la situación así: si el número de víctimas sigue aumentando, predijo, “morirá más gente en los primeros veinticinco años de paz” que durante la brutal guerra civil del país, la cual, según una investigación de la ONU documentó en más de 200.000. Más del 80 por ciento de las víctimas fueron indígenas mayas desarmados, de ahí la acusación de genocidio formulada contra el ejército guatemalteco, responsable del 93 por ciento de los asesinatos. A los insurgentes guerrilleros que luchan para derrocar un régimen atroz se les podría atribuir el 3 por ciento de las atrocidades registradas.
La violencia continúa
El sombrío cálculo de Sanford se ve confirmado por las tasas de homicidios. Hace diez años, según Adam Blackwell, secretario de una rama de la Organización de los Estados Americanos llamada Seguridad Multidimensional, los asesinatos en Guatemala ascendían a la asombrosa cifra de noventa y cinco por cada 100.000 habitantes: el de Canadá en 2020 era de 1,95, el de Estados Unidos, obsesionado con las armas, un humilde 7.8. La mayoría de las muertes violentas en Guatemala nunca se investigan y mucho menos se llevan ante los tribunales. La causa de la desaparición ya no es de naturaleza abiertamente política, sino que está relacionada con el caos mafioso de las pandillas, el tráfico de drogas, los negocios de extorsión, los tratos fraudulentos y el ajuste de cuentas ancestrales. Sin embargo, el recuento de cadáveres puede ser espantosamente alto. Durante algunos años posteriores al acuerdo – en 2006, por ejemplo – se acumularon hasta quinientos por mes, unos diecisiete asesinatos por día.
Neoliberalismo, Desigualdad y Recursos
El presidente de Guatemala cuando se firmó el acuerdo de paz era Álvaro Arzú. Aunque él mismo, en 1996, fue signatario de tan importante documento, tres años después se negó a reconocer que las atrocidades cometidas durante el conflicto armado realmente ocurrieron, al menos en la medida y el grado comprobados, y no por el ejército guatemalteco. Bajo sus tendencias neoliberales, no solo la pobreza generalizada y la desigualdad masiva, las razones principales de la confrontación, permanecieron sin abordar, sino que en realidad aumentaron, como lo indican los hallazgos de una encuesta de desarrollo humano de la ONU. A nivel mundial, los índices de calidad de vida de la encuesta colocaron a Guatemala en el puesto 117, que en el contexto centroamericano la ubica muy por detrás de Costa Rica (puesto 45) y detrás de dos vecinos conocidos por ser desesperadamente pobres, El Salvador y Honduras (puestos 107 y 114 respectivamente).
Guatemala, hay que subrayarlo, no es un país pobre. Al contrario, es rico en recursos naturales y humanos. Guatemala se ha convertido en un país pobre porque la asignación de sus recursos, especialmente los de la tierra, está deformada por las agobiantes geografías de la desigualdad. Los patrones sesgados de distribución de la tierra están en el centro de los problemas de Guatemala. El país sigue siendo sorprendentemente agrario. La vida de miles de familias campesinas y la existencia de unos pocos privilegiados están conectadas por la desigual política de propiedad de la tierra. En Guatemala, el 90 por ciento de las explotaciones agrícolas ocupan el 16 por ciento de la superficie total, mientras que el 2 por ciento del total de las explotaciones ocupa el 65 por ciento del total de las tierras agrícolas. Las mejores tierras se utilizan para cultivar café, algodón, plátano y caña de azúcar para la exportación, no para alimentar a las poblaciones locales mal nutridas. Mientras no se corrija este desequilibrio, los problemas prevalecerán.
Gobernancia Corrupta
Cinco presidentes que sucedieron a Arzú prometieron mejoras económicas y sociales, especialmente para el 85 por ciento de sus diecisiete millones de ciudadanos que según las estadísticas de la ONU viven en la pobreza, el 70 por ciento de ellos en estado de carencia considerado extremo. Ninguno lo ha hecho mejor que Arzú. Sumidos en cargos de corrupción, dos expresidentes (Alfonso Portillo y Álvaro Colom) fueron encarcelados tras dejar el cargo y otro (Otto Pérez Molina) fue destituido y encarcelado por hechos nefastos. En 2006 se estableció una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar innumerables irregularidades. A partir de entonces, la CICIG desmanteló sesenta bandas criminales y procesó a 680 personas destacadas por actividades corruptas. En 2019, sin embargo, su mandato fue revocado y sus funcionarios fueron desterrados por el entonces presidente Jimmy Morales, cuyas transacciones financieras la CICIG estaba investigando y declarado procesables.
El actual presidente, Alejandro Giammattei, opera en el modo negligente de sus predecesores, con la intención de hacer de Guatemala (dadas sus opiniones sobre el aborto) el epicentro pro-vida de América Latina – y esta defensa “pro-vida” se afirmó mientras la tasa de vacunación de Covid de Guatemala (menos de 25 por ciento) languidece entre los más bajos de la región. En cuanto a la corrupción, Giammattei desestimó a los fiscales anticorrupción lo suficientemente valientes como para pedir cuentas a los evasores de impuestos y a los blanqueadores de dinero de la élite empresarial del país. Alega que las iniciativas contra la corrupción se han convertido en una caza de brujas, en la que los abogados de izquierdas vilipendian a los de ideología política contraria. “Todos tienen derecho a su propia ideología”, sostuvo Giammattei en una entrevista con un corresponsal de Reuters. “El problema es cuando trasladas esa ideología a tus acciones, y peor cuando estás a cargo de la justicia”.
Tras ser relevados de sus funciones y, temiendo por su seguridad, varios fiscales huyeron a Estados Unidos, entre ellos el juez Juan Francisco Sandoval, quien se desempeñaba como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La administración Biden ha expresado su preocupación por el hundimiento de los procesos anticorrupción, lo que a su vez lo vincula con la desesperación que sienten los guatemaltecos por la forma en que son gobernados, lo que mueve a muchos a migrar y buscar una vida mejor en El Norte. Los menores y los jóvenes están en la vanguardia de este movimiento. Solo en el último año, 280.000 guatemaltecos han sido detenidos por funcionarios fronterizos estadounidenses en intentos fallidos de ingresar a los Estados Unidos desde México. Su viaje hacia el norte, hacia la esquiva seguridad y prosperidad, está plagado de peligros y riesgos.
Dado el lamentable estado en el que continúa siendo gobernada Guatemala, el 25º aniversario del acuerdo de paz no fue motivo de celebración. Por el contrario, resultó motivo de más lamentos ya que su llamado a reformas de mejoramiento hechas hace un cuarto de siglo aún no se han comprometido ni implementado.
* W. George Lovell, FRSC, autor de A Beauty That Hurts: Life and Death in Guatemala (https://btlbooks.com/book/beauty-that-hurts254), es profesor de geografía en la Queen’s University, Canadá y profesor visitante de Historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España.
* El presente articulo no representa necesariamente la posición institucional del PAQG
